España encara una reforma fiscal ecológica que afectará de lleno a la automoción. Cambios en el impuesto de matriculación y el de circulación están sobre la mesa para alinear el sistema tributario con los objetivos de sostenibilidad. faconauto.com.
La reforma fiscal ecológica es una de las grandes tareas pendientes del Gobierno en 2025. España, presionada por los compromisos climáticos europeos y por las exigencias del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, deberá transformar parte de su sistema tributario para incentivar un modelo económico más verde. El automóvil, como eje central de las emisiones y de la movilidad diaria, está en el centro del debate.
En la actualidad, el impuesto de matriculación se calcula en función de las emisiones homologadas de CO₂, con escalas que van del 0% al 14,75%. Pero este diseño ha sido criticado por obsoleto, poco progresivo y por no reflejar con suficiente claridad el impacto medioambiental real de cada vehículo.
El Libro Blanco sobre la Reforma Tributaria, elaborado por el Comité de Personas Expertas a petición del Ministerio de Hacienda, propone reformular el impuesto para convertirlo en una herramienta de cambio de comportamiento. Entre sus principales recomendaciones figura el establecimiento de un sistema ‘bonus-malus’, que bonifique la adquisición de vehículos menos contaminantes y penalice los más emisores.
La propuesta busca que este tributo sea coherente con el principio de ‘quien contamina, paga’ y al mismo tiempo, actúe como incentivo para la renovación del parque automovilístico, uno de los más envejecidos de Europa.
Impuesto de circulación: hacia un modelo ambiental y homogéneo
El llamado Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), gestionado por los ayuntamientos, presenta una gran disparidad territorial. Su cálculo actual se basa en la potencia fiscal del vehículo, sin tener en cuenta sus emisiones ni eficiencia energética.
Un informe reciente de Transport & Environment (T&E) advierte que España necesita una reforma urgente del impuesto de circulación para que incorpore variables ambientales. Según T&E, la falta de criterios unificados y ecológicos penaliza la competitividad y bloquea la transformación del modelo de movilidad.
En su documento, T&E propone un sistema basado en emisiones de CO₂ por kilómetro, etiquetado ambiental y uso anual del vehículo. Esto permitiría a los municipios incentivar una flota menos contaminante, más eficiente, y adaptada a las zonas de bajas emisiones (ZBE) que deben estar plenamente implantadas en 2025.
España, a la cola de Europa en fiscalidad verde
Comparativamente, España está rezagada. Un estudio publicado en abril de 2025 por Transport & Environment concluye que nuestro país ocupa los últimos puestos en fiscalidad ambiental aplicada a la automoción. La diferencia de presión fiscal entre un coche eléctrico y uno térmico es mínima en comparación con países como Portugal, Francia o los Países Bajos, donde las bonificaciones y exenciones están orientando de forma clara el mercado hacia el vehículo cero emisiones.
La falta de estímulos fiscales potentes en España no solo frena la electrificación, sino que también limita el atractivo del país para nuevas inversiones en movilidad sostenible.
¿Y los concesionarios?
Para la red de distribución, esta reforma puede suponer un punto de inflexión. Una fiscalidad más clara y alineada con los objetivos europeos permitiría simplificar los mensajes comerciales, reforzar el papel asesor del concesionario y dinamizar segmentos como el VO eléctrico o los híbridos enchufables.
Además, si se aplican incentivos ligados al IVTM, muchos concesionarios podrían incluso actuar como punto de gestión y orientación fiscal para sus clientes, especialmente en entornos rurales o municipios pequeños.